“HÁBLAME EN CASTELLANO IMBÉCIL” Un estudio financiado por CIU denuncia Acoso al Catalán


© Escrito por José Luis Lobo el 15-06-2013 en elconfidencial.com

“EL INFORME REVELA DECENAS DE SUPUESTOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN LINGÜÍSTICA”

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¡Háblame en castellano, imbécil!Un estudio financiado por CiU denuncia acoso al catalán

Ocho de abril de 2013. Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía entran en un vagón del tren regional que cubre el trayecto entre Barcelona y Figueres, dejando a su paso la puerta abierta. Un pasajero se dirige a ellos y, amablemente, les dice en catalán si pueden cerrarla. “En español o nada”, le responde uno de los policías, que exige al joven su documentación e insiste:Aquí se habla en mi idioma. El viajero protesta, de nuevo en catalán, y el agente le suelta un exabrupto: “¡Usted es un imbécil!”.

Este episodio está incluido en un reciente y exhaustivo informe sobre la supuesta discriminación lingüística que sufren algunos catalanoparlantes en Cataluña por parte de funcionarios de la Administración del Estado destinados en aquella comunidad autónoma. El estudio, que recoge hasta 40 “casos graves” similares al ya descrito, ha sido elaborado por la Plataforma per la Llengua, una entidad de defensa del catalán financiada y apadrinada por el Gobierno autonómico de Artur Mas. El año pasado recibió una subvención oficial de más de 550.000 euros.
Aeropuerto de Palma de Mallorca. Dos guardias civiles piden la documentación a Iván Cortés y su novia, que se disponen a embarcar rumbo a Londres. El joven se dirige a ellos en catalán y les entrega su pasaporte y el de su pareja. Uno de los agentes, en tono agresivo, le exige que se exprese en castellano. Un tercer guardia aparece en escena, sujeta al pasajero y, con la ayuda de sus dos compañeros, lo conduce a una pequeña oficina, donde es golpeado en la cabeza y el estómago. Al entrar otros dos agentes y preguntar qué sucedía, uno de ellos responde: “Que el chaval le ha hablado en catalán y al cabo se le ha ido la mano“.
Cortés denunció las agresiones, y dos años más tarde la Audiencia de Palma condenó a uno de los guardias civiles al pago de una multa de 1.200 euros como autor de una falta de lesiones. Pero, como sostiene el informe de Plataforma per la Llengua, “una parte muy importante de este tipo de casos de discriminación y vejación por motivos lingüísticos no queda registrada, porque los ciudadanos no lo denuncian a entidades, instituciones públicas o medios de comunicación”.
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Porque lo digo yo
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Paso fronterizo de Andorra. Una pareja de la Guardia Civil da el alto a una mujer y su amiga, que se dirigen a Barcelona. La conductora pregunta a uno de los agentes, en catalán, cuál es el motivo de la retención, y éste le replica: “Yo no tengo por qué entenderla. Esto es España y le exijo que me hable en la lengua del país”. La joven argumenta entonces que tiene derecho a expresarse en catalán porque es una lengua cooficial en esa comunidad autónoma, pero el guardia civil la corta en seco: “Aquí se habla en español porque esto es España; y porque lo digo yo, y punto pelota. Y al próximo comentario les pongo los grilletes”.
La Plataforma per la Llengua recuerda que el Estatuto de Autonomía garantiza el derecho de los ciudadanos catalanes a expresarse en esa lengua ante todas las instituciones públicas, incluidas las de ámbito estatal radicadas en Cataluña. La misma norma también avala el derecho a dirigirse por escrito en catalán a los organismos constitucionales y jurídicos que se encuentran fuera del territorio catalán. El estudio admite que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, de junio de 2010, señala que ese derecho se ha de regular mediante una ley estatal, pero advierte que aún no se ha aprobado.
Estos casos de supuesta discriminación, según el informe financiado por la Generalitat, “muestran los déficits democráticos del Estado español con relación a los derechos lingüísticos de los ciudadanos residentes en los territorios de habla catalana”, en alusión a Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana. La Plataforma per la Llengua argumenta que no sólo los estatutos de autonomía de esas tres comunidades garantizan esos derechos, sino también “la Carta Europea de las lenguas regionales y minoritarias, firmada y ratificada por el Estado español y, por tanto, de obligado cumplimiento”.
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